Establecimiento De Gobieno Burgues

12/02/2013

ESTABLECIMIENTO DE GOBIERNO BURGUESA

Gobierno burgués y gestión popular, cómo y para qué.
Por Víctor Manuel
Corresponsal del pueblo I Táchira
Bloguero y Corresponsal de la Revolución

La dinámica de las sociedades latinoamericanas, en cuanto a procesos de cambio parece ser de una lentitud pasmosa. Sin embargo, estos procesos se siguen dando a lo largo y ancho de este continente, largamente castigado por dictaduras, gobiernos corruptos, y programas foráneos saqueadores de las riquezas naturales y nacionales de cada uno de estos países.

Los defensores de estos recursos naturales y de las estructuras económicas dadas por los estados a lo largo de la segunda mitad del siglo XX con mayor fuerza, han sido blanco de persecución, prisión, tortura, muerte y en el mejor de los casos exilios forzados y prolongados.

La condición de gobiernos sumisos ha sido el denominador común y por ende sus acciones sumisas a principios de libre comercio a criterio del dios mercado, dejando de lado a la planificación estatal y su visión de regulador de las políticas públicas que atiendan los requerimientos de las necesidades diversas que posee toda sociedad, ha sido la regla.

En este sentido, la lucha de clases se ha incrementado, a tal punto, que la organización se ha hecho inevitable para enfrentar a un enemigo común, que atenta contra la propia viabilidad de un proyecto como nación.
Los movimientos organizacionales de trabajadores urbanos y rurales, (PT y MST en Brasil), movimiento de desocupados (piqueteros, en Argentina), los movimientos indígenas en Bolivia, México, Chile, Colombia, han sido motores ineludibles en el análisis de los últimos 20 años de Latinoamérica.

Al tiempo que estaba siendo bombardeada económica y armamentísticamente, su población ha creado mecanismos de resistencia, pero en la mayoría de los casos no ha habido un dirigenciamiento de ese aglutinamiento, capaz de hacer de una resistencia legitima, una acción más legítima aún de conquistas de espacios de poder que reivindique los derechos de los excluidos históricos de las sociedades latinoamericanas (caso Peru).

Ahora bien, los tiempos requeridos por los cambios y las necesidades insatisfechas por tantas décadas de postergación, no tienen un mecanismo automático de regulación, y esto amerita un trabajo ideológico impostergable para alimentar y ejercitar, la paciencia revolucionaria.
Ésta, que no significa la resignación eterna, a la que someten los sistemas liberales a sus pueblos, donde prima el individualismo y la satisfacción de sus necesidades personales por encima del bienestar colectivo; sino que la paciencia revolucionaria, podría definirse como sinónimo de paciencia activa, donde lo que se busca es el involucramiento de los actores sociales en la conquista plena de sus derechos, pero no en una carrera individualista y salvaje, sino en respuesta a un plan general que genere optimismo, y solvente esa armonía necesaria entre la disparidad de los tiempos, de la cual hablábamos más arriba.
En suma, sin el trabajo formativo de base, no hay proyecto viable de transformación profunda, y duradera.
Sin la comprensión del otro como integrante de un colectivo al cual pertenecemos y al cual debemos aportar, no hay conciencia suficiente para impulsar la deconstrucción de los sistemas opresores del pasado, al tiempo que se construyen los nuevos mecanismos de redistribución del trabajo, pero por sobre todo de las unidades de producción.

Estas nuevas unidades de producción deben, necesariamente estar sostenidas sobre principios colectivos de propiedad tanto de las industrias, como de la tierra, subordinados a un plan nacional de desarrollo sostenido y armónico.
Para esto es necesario una redistribución geo-política de las estructuras administrativas del Estado, que permita una mayor participación, control e impulso de los actores locales, posibilitando en forma gradual, la participación directa en la toma de decisiones sobre los problemas y las soluciones que la propia comunidad detecte y plantee.

La coordinación con los órganos centrales de gobierno, deberán tener una suerte de articulación subordinada a una discusión constante y franca de los recursos y los proyectos, con las necesarias contralorías sociales.
En esta dirección, se buscará por todos los medios posibles, la desburocratización del aparato estatal, en pro de la administración popular. Donde no haya cabida para macrocefalismos estatales, ni su despropocionalidad real ni ficticia con relación a las reales necesidades de la nación para su desarrollo.

En síntesis, una de las metas a que debe apuntar el proceso de transformaciones se ubica en la desintegración del Estado burgués, para la construcción paulatina, constante y permanente de la gestión comunal, ligada a una articulación nacional en base a proyectos de desarrollo local, regional, nacional y la estrategias internacionales definidas por mecanismos de participación acordados para tal fin, que transversalicen la mayor cantidad de estratos productivos con los cuales tenga relación la temática a ser negociada con el comercio exterior.
La dinámica con la cual estos mecanismos deben obrar, no pueden ser óbice para su burocratización ni su centralización en órganos apartados de la voluntad y decisión populares, sino que deben responder a un programa macro, al cual y sobre el cual se deberán ir haciendo las modificaciones y adecuaciones necesarias para su eficacia.

Así entendido, el plan nacional de desarrollo, debe ir ligado a un plan supra-nacional que entienda y ejecute proyectos acordes de sustentabilidad y desarrollo regional acordes a la necesidad de atender las disparidades territoriales, productivas, demográficas entre otros factores que generen o puedan generar disparidades, diferencias o conflictos.

De esta forma, el proyecto de desarrollo transformador, no se concibe de forma aislada, sino que responde a un contexto al cual hay que impulsar, sostener y potenciar, para que las economías locales respondan a impulsos establecidos en bases programáticas definidas por las propias naciones de acuerdo a sus mecanismos determinados, donde los órganos ejecutores se limiten a cumplir sus funciones, y no se atribuyan decisiones que le pertenecen al colectivo organizado.

Esta premisa debe activarse para todas las esferas del acontecer de las naciones, unidas en una alianza estratégica que les permita defenderse pero también actuar y desarrollarse en colectivo, basamentando su política general en un sentimiento de amplia participación, de profundo respeto por la voluntad de sus pueblos, y de necesaria eficacia administrativa, que no distraiga los recursos en beneficios personales, corporativos o regionales.

El pasaje de una sociedad de consumo, a una sociedad de iguales y de producción sustentable, no puede admitir al pensamiento individualista y al ventajismo implantado en la sociedad capitalista, al cual se deberá combatir en todos los frentes y ante todas las instancias donde la contraloría social detecte hechos que ameriten ser redireccionados, en pro de una verdadera transformación no solo social, sino necesariamente de conducta y compromiso personal.

No obstante no se puede confundir mejoramiento de la calidad de vida, con transformación social, ya que ese sería un riesgo mayúsculo para que en verdad no se produzcan cambios estructurales y sólo respondan a intereses de apaciguamiento de los resentimientos sociales, exacerbados por las desigualdades congénitas del sistema imperante.

Ante esto, las transformaciones deben ser profundas, y la lucha de clases debe dar paso a la lucha por la conquista de la única clase que represente los intereses del colectivo, la de los trabajadores, activos, pasivos y en formación que determinen el compromiso social necesario para establecer un sociedad de pleno empleo, de capacitación constante y de calidad, así como con la posibilidad real de atención de sus derechos de seguridad social, alimentación, vestimenta, ocio, salud, entre otros no menos importantes.

No se trata de una sociedad de explotadores y explotados como la que nació en la Inglaterra de la Revolución Industrial, y que ha definido los parámetros de estas últimas décadas, sino que debe ser una sociedad de trabajadores libres, responsables de la producción pero también de la administración y gestión de su producido, para que éste redunde en un beneficio colectivo, un desarrollo nacional y no en enriquecimientos personales o corporativos.

De la mano de este trabajo remunerado debe marchar el aporte voluntario en un sistema de horas laborales que permita la producción, la tarea voluntaria, el descanso, y la capacitación permanente. Una sociedad revolucionaria no puede admitir seres analfabetos ni faltos de conceptos acordes a las necesidades de desarrollo que cada una de las áreas nacionales reclaman para su desarrollo constante y sostenible.

Por esto, la administración de poder popular debe velar por la diseminación de todos y cada uno de los servicios básicos, medios y de alta tecnología que permita, el acceso gratuito y desburocratizado de todos y cada uno de los integrantes de la comunidad, respondiendo a los derechos inherentes a la condición humana que los avala.

Nada podemos esperar para nosotros, si antes no ha sido satisfechas las necesidades del colectivo.